Nicolás Maquiavelo
A lo largo de la historia, el hombre ha sido un ser social, político y gregario, es decir, un ser que se inició a organizar en alguna forma de sociedad, lo cual llevó a los individuos a establecer reglas o normas que todos ellos aceptaron como camino para encontrar el bienestar de la sociedad establecida. Es así que de estas simples medidas para vivir juntos fue donde germinaron los primeros requisitos sociales y, que poco a poco se fue constituyendo un conjunto aceptado de costumbres y procedimientos, que a la vez se volvieron leyes tribales o reglas del grupo social.
Así pues, los hombres fueron realizando pactos o alianzas con el Estado político para ser protegidos sus derechos por él; a cambio ellos tenían que obedecer la normatividad que éste dio sobre ellos, para tener una convivencia armónica, lo anterior, solo sucedía cuando esta relación bipolar se encontraba pensando en el bienestar que este entorno imperaba por la formación y la consolidación del Estado, entendido éste como un estamento que procura totalmente la seguridad, la economía y la política de éste mismo frente a los demás estados, y luego procura buscar el bienestar común de los ciudadanos sin trasgredir en ningún momento las pautas que se han dado para que se dé un buen gobierno.
De esta manera, nuestra ponencia está centrada en el estudio y análisis de la situación del Estado colombiano frente a las posturas que se tienen en los diferentes procedimientos de intercambio humanitario que se han tratado de desarrollar en el proceso de paz, buscando resaltar los beneficios y perjuicios en la razón del Estado; para esto tomaremos como base los conceptos dados por Nicolás Maquiavelo en las obras “El Príncipe” y “Discurso sobre la primera década de Tito Livio”.
Ahora bien, el Estado está dirigido por un máximo funcionario que es elegido por el pueblo para administrarlo en la parte económica, social y política. Por lo tanto, el objetivo primordial del dirigente es velar por el bien del Estado utilizando los medios que sean necesarios, bien sea el engaño, la fuerza, la astucia, entre otros. Si en algún momento el dirigente fuera obligado a decidir entre el bien de uno o varios ciudadanos y el bien del Estado, él debería escoger sin duda alguna el bien de éste ultimo; pues así se lograría que la reputación frente a otros países y agrupaciones al margen de la ley fuera de un Estado poderoso al cual no se podrá retar.
Es por eso, que se puede considerar un buen dirigente aquel que cumple la misión de tomar las decisiones con libertad y autonomía de manera apropiada en las situaciones que se presenten, las cuales deben buscar el beneficio ante todo del Estado, para luego si llegar a preocuparse por el pueblo.
Además de todo lo anterior, el dirigente debe rodearse de gente que tenga los mejores estudios y que sean leales a los principios que se tienen como eje primordial de la dirección del Estado; pues ellos estarán dándole pautas o consejos en el momento de tomar una decisión frente a las circunstancias que se lleguen a presentar. A esto le agregamos que el Estado debe tener un ejército conformado por los habitantes del territorio delimitado, ya que ellos siempre estarán listo para prestar el servicio a la milicia; con esto se defiende la libertad que todos los individuos poseen, las riquezas que han logrado por su trabajo; pero lo más importante que lleva al ciudadano a prestar el servicio de la milicia es el amor que él le tienen a su Estado.
El Estado al tener un ejército propio y poseer una gran fuerza en las armas, encontrará en los demás vecinos un gran respeto, y buscará aliarse para que los proteja a cambio de una cuota de dinero. Que sirve para beneficiar al ejército y desde luego para el beneficio de toda la comunidad; además, se puede conquistar y mantener los territorios que están bajo la jurisdicción del Estado.
Igualmente, el ejército debe tener gran confianza en sí mismo y en su dirigente para lograr el triunfo en la batalla, esto se logra por medio de la organización y las buenas armas, que los soldados se conozcan y que ellos puedan utilizar el fraude en la batalla para vencer al enemigo; haciendo de esta forma de actuar parte de la estrategia de la guerra que es digno de alabar y de alcanzar la gloria; todo esto se hace con el propósito de lograr la victoria. Estos actos lo realizan los ejércitos para salvar la estabilidad y los ciudadanos de la patria.
Así pues, nuestra sufrida patria ha estado inmersa en el conflicto armado desde los años cincuenta, cuando se crearon las guerrillas que tenía un objetivo: sobrevivir, y el camino de las armas era quizás el único que le garantizaba mantener su vida y la de 50 compañeros más. Después de irse consolidando el poder de estos grupos al margen de la ley, se presentó en los años ochenta una situación de gran talante terrorista en Colombia, siendo la toma del Palacio de Justicia, corazón del poder judicial, en el centro de Bogotá, que culminó 28 horas después, debido a las estrategias militares que tomó el gobierno de Belisario Betancur Cuartas. En esta circunstancia se perdieron inocentes vidas humanas, entre ellos 11 magistrados, 33 civiles, 11 miembros de las Fuerzas armadas y del DAS y 11 desaparecidos, siendo esto el pequeño precio que requiere la seguridad y la estabilidad del Estado y de la mayoría.
Ustedes pensaran que esta situación atentan contra los derechos humanos, pero analizada y comprendida desde la teoría política de Maquiavelo sería coherente con todos sus postulados, pues el fin que se debe conseguir a través de todos los medios es la seguridad y armonía del Estado, como máximo estamento que se preocupa por conseguir la estabilidad de la sociedad; mostrándonos que la decisión de Betancur fue la mejor de todas, pues en él siempre primo el sentido de la razón de Estado y no se dejó manipular por estos grupos, los cuales buscaron ser escuchados con la siguiente consigna del general Rafael Uribe Uribe: “Lo que ayer fue una simple petición pacífica, hoy es una demanda a mano armada...".
Después de haber realizado la toma por parte de este movimiento ilegal, expresaron como principal demanda el cumplimiento de los derechos humanos por parte del gobierno, sin embargo, esta petición tenía sentido contradictorio al estudiarla a la luz de los hechos que ellos habían realizado, a saber: el ataque en el que intentaron volar 17 vehículos blindados en un batallón de la ciudad de Ipiales, asimismo, atacaron el batallón de Cisneros en Armenia y, la planeación y ejecución del atentado contra la vida del general de la República Rafael Samudio Molina.
Todas las decisiones que se tomaron por parte del gobierno de Betancur frente a los hechos del Palacio de Justica, fueron razonadas y sustentadas en la razón de Estado y en la primacía de la democracia en la Nación, manifestándonos que se debe actuar de manera inmediata y ajustar su proceder con el tiempo, para evitar de manera drástica la ofensas por medio de las armas a la seguridad y estabilidad del Estado.
Con el paso del tiempo, el hombre ha tratado de solucionar estas problemáticas de manera pacífica, como lo es el intercambio humanitario, el cual se puede entender como un proceso de canje entre personas que están privadas de su libertad y los prisioneros exigidos por los grupos al margen de la ley (ELN-FARC-EPL-AUC); pero percibido desde los aspectos maquiavélicos, este proceso de liberación de personas no es viable a las políticas estatales, pues ellos las exigen para involucrarlas nuevamente en las filas de la lucha armada contra el Estado.
Uno de los hechos que sustenta nuestra posición es el proceso de paz que se realizó en el gobierno de Andrés Pastrana Arango, específicamente en 1999 se da inicio a la mesa de negociación, que tuvo como resultado la zona de distensión, que abarcaba los municipios de Mesetas, La Uribe, la Macarena, Villahermosa y especialmente San Vicente del Caguán. Con este territorio se inició el proceso de paz entre el gobierno y las FARC, pero este movimiento ilegal terrorista no cumplió las normas o pautas propuestas por el Estado, entre esas transgresiones encontramos la destrucción del puente Danticas[1], vía San Rafael-San Carlos, en el Oriente antioqueño y la toma de un avión[2], sumándole a esto 117 atentados terroristas, entre los que resalta la mujer con el collar bomba; además, de estas situaciones, la zona de distención fue utilizada para la incrementación de los cultivos de drogas, planear las ofensivas militares, reclutar y entrenar hombres, y al mismo tiempo, retener más 450 soldados y policías en cautiverio.
Todo esto, colmó la paciencia del presidente Pastrana y tomó la decisión de romper las negociaciones con la FARC, y diciéndole a Manuel Marulanda, que él dio su palabra y la había cumplido, en cambio, él le ha incumplido a todo el pueblo colombiano. Con este mensaje se da la autorización para que los Militares retornen a estas zonas, utilizando 13.000 uniformados de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el Ejército y la Armada Nacional. En seis días la fuerza pública retornó a los cascos urbanos de San Vicente del Caguán, en Caquetá; Uribe, Mesetas, La Macarena y Vistahermosa, en el departamento de Meta.
Actualmente las FARC y el ELN solicitan otra zona de despeje, a la cual Álvaro Uribe Vélez, dirigente liberal, considera que ésta es absurda y cree que el gobierno en lugar de buscar una línea de encuentro o de imponerla debe plantear esos diálogos en un parque, un hotel o, incluso en otro país, para no agredir en ningún momento el bienestar del Estado.
De esta manera, concluimos argumentando que el presidente de la República es una representación clara de los postulados políticos de Nicolás Maquiavelo, pues Uribe Vélez en ningún momento está implicando la ética en la toma de decisiones que son trascendentales en la política del Estado. Una clara postura de lo anterior, es la negación al intercambio humanitario, pero que éste no se logrará por el diálogo con los grupos armados porque el Estado se estaría doblegado a los caprichos que ellos tengan, haciendo que se debilite la soberanía de éste, y a la vez lleva a que el pueblo se vea afectado en todos los aspectos, a saber: económico, político, social, cultural, escolar.
[1] Una ambulancia en la que iba Flor Emilse García, una joven de 23 años que estaba en labor de parto, se fue a la represa. Ella, su hermana Janeth, y Elvia Guarín, una auxiliar de enfermería que la estaba asistiendo, perdieron la vida.
[2] A las 8:30 a.m. del 20 de febrero, las Farc desviaron el avión que cubría la ruta Florencia-Neiva-Bogotá y en el cual viajaban 25 pasajeros, entre ellos el senador Eduardo Géchem. La aeronave aterrizó en Hobo, Huila. Archivo.
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